El acoso, el acecho o la violencia son amenazas a mujeres, entre estudiantes, docentes y personal del sistema educativo superior del país. Sin distinción de edad, género o condición socioeconómica, su presencia y su práctica implican pérdidas que pueden cuantificarse.
Al año, la violencia contra las mujeres (VcM) y basada en el género provoca una pérdida de más de 68 millones de dólares en costos indirectos para las universidades del Ecuador. Esa cifra forma parte del estudio De la evidencia a la prevención: ¿Cómo prevenir la violencia contra mujeres en las universidades ecuatorianas? que fue dirigido por Arístides Vara Horna, investigador de la Universidad San Martín de Porres de Perú, por encargo del Programa Prevenir la Violencia contra las Mujeres (PreviMujer), de la GIZ.
El estudio fue desarrollado en Ecuador e incluyó encuestas a 23.261 estudiantes y 4.064 docentes y personal administrativo de 16 universidades ecuatorianas, con 22 sedes.
Uno de los principales hallazgos, según explica Arístides Vara, es que una de cada tres universitarias ha sido agredida por sus parejas u otros integrantes de la comunidad universitaria. Esta prevalencia de violencia no se limita a las estudiantes mujeres; pues se identificó también esta situación entre las docentes y el personal femenino del área administrativa.
Así, por ejemplo, un 33,7 % de alumnas y un 30,4 % de docentes y personal administrativo sufrieron agresión de sus parejas/exparejas mientras que el 31,2 % de estudiantes y un 19,3 % de docentes y personal administrativo fueron agredidas por integrantes de la comunidad universitaria dentro de los centros educativos. En total, 11.690 estudiantes mujeres y 2.021 personal femenino de las áreas docentes y administrativas fueron parte de la muestra final que sustentó el diagnóstico.
Entre los tipos de violencia identificados están: el acecho, el acoso, la violencia psicológica, sexual, física y económica.
Los costos de la violencia contra las mujeres
Este estudio dejó en evidencia, también, el enorme impacto que la VcM genera en la productividad de la comunidad académica. Esto se midió a partir de una escala de ausentismo compuesta por 12 ítems o indicadores que forman parte de cinco dimensiones: a) ausentismo por salud propia; b) ausentismo por salud de familiares; c) ausentismo por otras razones; d) ausentismo por conflicto; e) tardanza.
Como resultado, se obtuvo que la pérdida de horas clase y el incumplimiento de tareas son factores que afectan gradualmente el rendimiento de las alumnas. En cuanto a las docentes o el personal administrativo, esa escala identificó el monto de trabajo perdido por día ausente, a causa de diversas razones o por tardanza, en las últimas cuatro semanas.
En el caso de violencia por parte de la pareja o expareja, los docentes o administrativos agredidos pierden 2,3 días hábiles por ausentismo y 4,9 días hábiles por participación y año. Al considerar ambos tipos de violencia simultáneamente (parejas y miembros de la comunidad universitaria), el impacto es mucho mayor: la violencia contra las mujeres representa 7,3 días perdidos por ausentismo y 20,7 días causados por ausentismo al año.
Ante esos datos cuantitativos y cualitativos, el investigador afirma que es necesario que las universidades asuman su responsabilidad, además de otras acciones en la sociedad para generar conciencia y espacios de reflexión que empoderen la visión de la lucha contra la violencia y el acoso dentro de las aulas.
No al silencio, sí a la solidaridad colectiva
Una de las principales causas de la violencia contra las mujeres en las universidades es la cultura de impunidad y silencio que los rodea. En muchos casos, las sobrevivientes no se sienten seguras para denunciar estos incidentes debido al temor a represalias, al estigma social o a la falta de confianza en que las autoridades tomarán medidas adecuadas. Esta falta de denuncia contribuye a perpetuar el problema y permite que los agresores continúen actuando impunemente.
Nicole Abad y Ljubica Fuentes, integrantes de la Coalición Feminista Universitaria, señalan la importancia de tener una lucha constante y solidaria acerca todas las formas de violencia contra las mujeres y basada en género dentro de las universidades. Su colectivo está formado por estudiantes universitarias que luchan por los derechos y la igualdad de género en el ámbito académico y social, por medio de capacitaciones y talleres o propuestas de leyes.
Abad y Fuentes señalan que factores como el machismo arraigado en la sociedad, el abuso de poder y la normalización de la violencia contribuyen a generar un clima propicio para este tipo de violencia. Es crucial que se aborden estos problemas desde sus raíces y se promueva una cultura de respeto, igualdad y consentimiento en todas las instancias educativas. Las redes sociales de esta organización también están abiertas para brindar ayuda y sororidad a las sobrevivientes. En el caso del estudio ¿Cómo prevenir la violencia contra mujeres en las universidades ecuatorianas?, por ejemplo, se evidencia que las estudiantes mujeres que atraviesan por violencia en sus relaciones de pareja o infligida por alguien de la comunidad universitaria tienden a justificar más la violencia sexual frente a las estudiantes sin ese tipo de experiencias. Desde estas últimas alumnas, en cambio, se culpabiliza a las mujeres de la violencia sexual.
Espacios de ayuda al interior de los centros educativos
Génesis Vaca es fundadora de la Asociación Feminista de Estudiantes de Medicina, donde también se trabaja por visibilizar la violencia machista que existe dentro de las aulas. Al principio, esta organización se conformó con mujeres estudiantes de medicina de la Universidad Central del Ecuador, pero hoy en día ha ido creciendo por varios casos de violencia de todas las facultades.
Hay quienes se convirtieron en miembros de la asociación para tener la difusión y alcance necesarios para erradicar todos los signos de violencia y tener una educación digna para las futuras generaciones. AFEM mencionan que, para abordar eficazmente la VcM en las universidades ecuatorianas, se deben implementar medidas integrales que fomenten la prevención, la denuncia segura y la atención adecuada a las sobrevivientes.
Desde esos espacios se menciona que es fundamental que las universidades establezcan políticas y protocolos claros para abordar estos problemas, así como programas de capacitación para concienciar a la comunidad educativa sobre la importancia de prevenir y combatir el acoso y la violencia sexual. Es esencial promover una cultura de apoyo y solidaridad entre los miembros de la comunidad universitaria, donde se fomente el respeto mutuo y se rechace cualquier forma de violencia. La educación en temas de igualdad de género y comportamientos respetuosos debe ser parte integral del currículo académico para contribuir a un cambio cultural duradero.
El modelo propuesto en el diagnóstico ecuatoriano
La prevención de la violencia contra las mujeres en las universidades consiste en la transferencia de costos indirectos a costos directos. Esta transferencia de costos permitirá que disminuyan costos no controlados y altamente dañinos en términos de salud y bienestar (costos indirectos consecuencia de la VcM) y que aumenten costos directos de prevención, que son recursos destinados para evitar que la violencia ocurra o para atenderla cuando ocurra o mitigar sus efectos dañinos.
El establecimiento de protocolos claros para la denuncia y la investigación de casos es fundamental. Las sobrevivientes deben sentirse seguras al informar y confiar en que sus casos serán tratados con seriedad y confidencialidad. Asimismo, la disponibilidad de apoyo psicológico y legal es crucial para ayudar a las sobrevivientes a superar los efectos traumáticos de estos incidentes.
La colaboración entre las universidades, las autoridades y las organizaciones especializadas en género y derechos humanos es esencial para construir un enfoque integral y efectivo. La erradicación del acoso y la violencia sexual requiere un compromiso colectivo y una cultura de respeto y tolerancia cero.
La seguridad y bienestar de los estudiantes deben ser una prioridad, y es fundamental que las instituciones educativas implementen políticas y mecanismos efectivos para prevenir, abordar y erradicar estas conductas. Además, se debe promover una cultura de respeto, igualdad y consentimiento en el entorno universitario, para crear un ambiente seguro y propicio para el aprendizaje y el desarrollo personal de todos los estudiantes. La colaboración entre las autoridades, el personal docente, los estudiantes, las organizaciones feministas, entre otros colectivos, es esencial para enfrentar este desafío y lograr un cambio en las universidades ecuatorianas.
En ese marco desde PreViMujer/GIZ se proponen cuatro pasos para que las univesidades tengan cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres: proveer servicios oportunos, convocar a la alta dirección, visualizar el problema y cambiar normas sociales. De manera adicional, se requiere organización, docencia informada, investigación y vinculación como parte d ela cadena de valor de las universidades.
Génesis Calderón
OIME – UCE
